El Gobierno Nacional, las terminales y las importadoras, firmaron un acuerdo donde se confirma la decisión de postergar la obligatoriedad del Control Electrónico de Estabilidad en Argentina.

 
Había acuerdo firmado por el gobierno y las automotrices en el 2013 para que el ESP/ESC sea obligatorio desde el 2018 pero… mediante otro acuerdo se prorrogó la obligatoriedad del mismo (leer el adelanto) y (leer que es el control de estabilidad).  

La prórroga del sistema de seguridad activa se lo realiza en el “DECENIO DE ACCION PARA LA SEGURIDAD VIAL” (período 2011-2020), llamado así por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Lo irónico es que nuestro país adhirió al mismo, y en la misma Acta Acuerdo donde se confirma la prórroga del ESP, se hace referencia a dicho decenio.

En definitiva, por razones “de optimización comercial” con Brasil (el ESP será obligatorio desde el 2020 en dicho país), las terminales asociadas en Adefa (principales fabricantes de autos) y las marcas agrupadas en Cidoa (la cámara de los importadores) solicitaron la prórroga en Argentina y el gobierno terminó cediendo.

Según explicó el presidente de Adefa y de Renault Argentina, el colombiano Luis Fernando Peláez Gamboa, “la prórroga se da por una necesidad de armonizar la medida” con Brasil. Las automotrices no explicaron cuál es el costo de incorporar el ESP en los autos que se fabrican en el Mercosur, aunque el organismo de seguridad LatinNCAP, aseguró que el costo es de 60 dólares por auto.

A propósito de Latin NCAP (organismo encargado de evaluar la seguridad de los autos que se venden en América Latina), emitió un duro comunicado en relación a la prórroga del ESP/ESC…

“Las últimas pruebas de choque realizadas por Latin NCAP, han demostrado que los fabricantes de automóviles pueden construir vehículos en nuestra región cada vez más costeables y con seguridad de cinco estrellas, eso implica la inclusión de ESC, tecnología que está demostrado que salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad. Asimismo se ha demostrado lo importante que es que los gobiernos establezcan normas mínimas de seguridad para los vehículos vendidos a los consumidores. Sin estas normas, varios de los fabricantes de automóviles continuarán ofreciendo seguridad deficiente, 20 años atrasada respecto a Europa y las familias de argentinos seguirán sufriendo pérdidas y lesiones innecesarias ante siniestros de tránsito”, además agrega…“Gran cantidad de los incidentes viales que se ven a diario en rutas y que se aducen a impericia del conductor podrían ser evitadas con el ESC. La incorporación inmediata de este sistema es lo correcto para la seguridad vial y para los consumidores de Argentina”.

 

El secretario general de LatinNCAP, el ingeniero urguayo Alejandro Furas se refirió al respecto… “Mientras esta tecnología que salva vidas no se haga obligatoria como estaba acordado en 2018, los fabricantes la seguirán ofreciendo como opcional cobrando por ella varias veces más del costo real haciendo pagar al argentino más por seguridad básica en relación a otros mercados… El gobierno debería haber antepuesto la seguridad de los 2 millones de argentinos que en los próximos cuatro años comprarían un nuevo vehículo o harán uso de un nuevo vehículo para trabajar (sea taxi, remise u otro), ante el interés económico de unos pocos de demorar esta exigencia y ampliar sus ganancias por un tiempo más. Es preocupante que hoy, ya ocho años de iniciada la Década de Acción para la Seguridad Vial de la ONU, el motivo sea el bolsillo de unos pocos en beneficio de corporaciones multinacionales, a costa de la seguridad de los argentinos”.